El Plan Nacional de Deshacinamiento es una política pública orientada a reducir la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios y fortalecer la seguridad dentro del sistema, con un nuevo enfoque que integra la gestión eficiente de egresos y el reimpulso de la construcción de penales.
Su implementación prioriza una gestión ordenada, con evaluación individual de casos conforme a ley, contribuyendo a mejorar el control, la disciplina y las condiciones en los centros penitenciarios. Reducir el hacinamiento es fundamental para garantizar un sistema penitenciario más seguro y eficiente al servicio de la ciudadanía.
Se sabe que como parte del Plan Nacional de Deshacinamiento, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, anunció que, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se convocará a 500 personas para que se incorporen como agentes penitenciarios y en asistencia técnico – legal. De esta manera, se generarán las condiciones para que exista más orden y control en los penales.
En cuanto a infraestructura, el plan considera el reimpulso de la construcción de infraestructura penitenciaria que proyecta 3202 unidades de albergue con la finalización de los establecimientos de Abancay, Iquitos, Arequipa y Pucallpa.
TRASLADAN INTERNOS PARA REDUCIR EL HACINAMIENTO
Por ello, como parte de las acciones orientadas a reforzar el control y disminuir los niveles de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, INPE realizó hace unos días el traslado de 28 internos del penal de Tarma al penal de Huancayo.
El operativo se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad, con custodia permanente, considerando que los internos se encuentran procesados y sentenciados por delitos de alta gravedad.
Esta medida permite mitigar riesgos y prevenir posibles intentos de fuga en contextos de sobrepoblación penitenciaria, fortaleciendo la seguridad y mejorando las condiciones del sistema penitenciario a nivel nacional.