Cuenta regresiva a las elecciones 2026: Cinco amenazas digitales que podrían impactar la confianza ciudadana

Lima.- El Perú se prepara para las elecciones presidenciales de 2026 en un ambiente político marcado por la desconfianza y la división de opiniones. Aunque el voto físico y el conteo manual de actas brindan cierta resiliencia frente a la manipulación directa, los sistemas digitales que sostienen la comunicación institucional, la publicación de resultados y la gestión administrativa siguen siendo vulnerables. Un ataque exitoso no necesariamente alteraría los votos, pero sí podría retrasar la entrega de resultados, filtrar información sensible o generar desinformación, afectando la confianza ciudadana en el proceso.

En la primera mitad de 2025 se registraron más de 748 millones de intentos de ciberataques en Perú, mientras que en América Latina se contabilizaron más de 374 mil millones de eventos maliciosos en el mismo periodo, según FortiGuard Labs. Estos números reflejan que los actores maliciosos aprovechan coyunturas de alta presión, como los procesos electorales, para maximizar el impacto de sus acciones.

En este escenario, Tomás Fernández, especialista en ciberseguridad de ITQ Latam, advierte cinco riesgos críticos que podrían comprometer la transparencia electoral:

  1. Ataques dirigidos contra instituciones públicas o autoridades electorales, como phishing, intrusiones o ransomware, cuyo objetivo es interrumpir sistemas o filtrar información sensible.
  2. Manipulación del ecosistema digital, donde actores maliciosos amplifican desinformación mediante redes coordinadas de cuentas falsas o automatizadas.
  3. Explotación de datos personales, si se llegara a filtrar información de los votantes, como nombres, direcciones o afiliaciones políticas; esa información podría ser utilizada para engañar a las personas con mensajes falsos que parecen reales, o para difundir rumores diseñados específicamente para ciertos grupos de ciudadanos. Los atacantes podrían aprovechar esos datos para manipular la opinión pública y sembrar desconfianza en el proceso electoral.
  4. Riesgo vinculado al uso de inteligencia artificial para crear “deepfakes” (videos o audios falsos generados con IA que imitan voces o rostros de candidatos), capaces de difundir contenido falso atribuido a autoridades o postulantes.
  5. La caída de portales institucionales o plataformas de comunicación interna, que puede retrasar la publicación de resultados y generar incertidumbre en la ciudadanía.

Informes internacionales, como los de Freedom House y el Foro Económico Mundial, demuestran que la mayoría de ataques en procesos electorales no intentan modificar directamente los votos, sino sembrar dudas y moldear la opinión pública con rumores o información falsa. Difundir dudas sobre fraude o desacreditar instituciones antes de que existan resultados oficiales es más barato, rápido y efectivo que manipular sistemas complejos. Por ello, la ciberseguridad electoral no solo implica proteger plataformas tecnológicas, sino también blindar el ecosistema informativo frente a campañas de manipulación.

“En un contexto electoral, la ciberseguridad no solo protege sistemas, sino también la confianza ciudadana. Nuestro reto es acompañar a las instituciones peruanas con soluciones que prevengan ataques que garanticen transparencia. La inversión en talento local y tecnología es nuestra apuesta para que el Perú enfrente con solidez los desafíos de 2026”, señaló Yhoenny López, Gerente Comercial de ITQ Perú.

La región aún enfrenta brechas de inversión y coordinación, lo que exige alianzas entre sector privado, autoridades y sociedad civil. ITQ Latam, que recientemente consolidó su operación estratégica en Perú con una inversión de USD 1.5 millones, se posiciona como un actor relevante en sectores críticos como banca, telecomunicaciones, retail, energía y educación. Sus capacidades en ciberseguridad, diseñadas para proteger infraestructuras sensibles, podrían también ayudar a que instituciones vinculadas al proceso electoral estén mejor preparadas y más resistentes frente a ataques digitales, en un momento crucial, en que la confianza ciudadana depende tanto de la transparencia como de la seguridad digital.