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Próximo presidente del Perú debería optar por una minería sostenible

Lima, Perú.- La actual crisis económica que enfrenta el Perú originada por el COVID-19 trajo consecuencias en el sector minero, “a nivel mundial se impuso la paralización de las actividades productivas en países como China, principal comprador del Perú. Por ende, se redujo la demanda de minerales y las expectativas de crecimiento.” Así lo sostienen Roxana Barrantes (PUCP/IEP) y Pablo Gignoux (PUCP) coautores de Opciones de política para una minería sostenible, estudio que es de gran utilidad para los candidatos que postulen en las elecciones del próximo 11 de abril.

Este material forma parte de los 20 documentos de política encargados por el proyecto Perú Debate 2021: propuestas hacia un mejor gobierno. El panorama actual en el Perú nos presenta que las inversiones en minería han disminuido a causa de la actual pandemia que afecta la economía, pero también debido a diversos factores como: la baja en el precio del cobre, conflictos socio ambientales, limitada eficacia y transparencia del gasto público con los recursos del canon.

Por ello, el documento de política propone las siguientes medidas para contrarrestar estos factores: ordenar el marco normativo de promoción de la minería, mejorar la coordinación intersectorial, implementar un nuevo modelo de exploración, optimizar la fiscalización ambiental y de obligaciones sociales, formular una Política Nacional para el Desarrollo Minero, entre otros.

“Es impresionante que, para la importancia que tiene la minería en el Perú no tengamos una política de Estado sobre el desarrollo minero, lo que es prioritario …lo que está pasando con estos mecanismos de distribución [del canon y regalías] es que tienden a ser utilizados de manera centralista aun a nivel subregional. Se privilegia a la capital de distritos, se privilegia a la capital de provincias, se privilegia a la capital de la región dejando de lado postergadas necesidades de garantía de servicios de luz, agua y saneamiento…” señala Roxana Barrantes. El estudio presenta propuestas que apuntan a: el cuidado ambiental y social; la garantía de los derechos fundamentales; la transformación de los recursos financieros generados por la explotación minera a conocimiento e infraestructura; la confiabilidad de las empresas mineras, y el avance hacia el establecimiento de una industria minera.

Todo ello permitirá que, en nuestra posición en la economía internacional, el Perú sea un país proveedor de minerales que respeta determinadas restricciones en bien del medio ambiente y la sociedad. Si bien un sector de la sociedad puede indicar que es una contradicción hablar de “minería sostenible”, Roxana Barrantes opina lo contrario: “Nuestro reto es gestionarla y poder hacerla sostenible e incorporarla en las dimensiones de sostenibilidad ambiental y principalmente sostenibilidad social junto a la sostenibilidad económica.” Sin embargo, existen obstáculos a superar como: la falta de liderazgo para promover el desarrollo sostenible del sector minero, dado que se requiere articulación intersectorial entre entidades de la Administración Pública, y sin liderazgo del Poder Ejecutivo, será muy costoso implementar. Otro obstáculo se encuentra en el foro del Acuerdo Nacional que posterga emprender la formulación de las políticas de Estado sobre desarrollo minero y sobre desarrollo de la minería pequeña y artesanal.

Entre los impedimentos los autores también mencionan: la desconfianza en las negociaciones, la dificultad para establecer y mantener acuerdos entre empresas, ciudadanos y Estado; así como la percepción de que los beneficios otorgados por la minería son escasos o nulos y las dificultades para reducir las brechas de género en el empleo y que la política para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) priorice la atención de problemas sociales, como la trata de personas. HOJA DE RUTA Barrantes y Gignoux presentan la hoja de ruta con las acciones requeridas hacia los primeros 100 días, hacia el primer año y entre el primer y quinto año del futuro gobierno.

Durante los primeros 100 días de gobierno se proponen: normas pertinentes y los procedimientos administrativos involucrados identificados; normas que tienen que ser cambiadas para implementar la recomendación de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (CDMS); convencer a los miembros del Acuerdo Nacional a que formulen la política de Estado para el desarrollo minero. Entre las normas a ser cambiadas podemos destacar la reforma de la distribución del canon a las universidades, es decir, “… centralizar los recursos asignados a las universidades públicas de la región en una entidad promotora de la ciencia y tecnología como el CONCYTEC. … estos recursos se colocan en cuentas que ganan intereses, los cuales se convierten en Recursos Directamente Recaudados de las universidades …

Los recursos podrán ser puestos así a mejores usos para fomentar la ciencia, tecnología e innovación…” aspectos a los que no se les ha dado la prioridad necesaria en el Perú y que la actual pandemia ha dejado ver en toda su magnitud. Tales medidas permitirán en el primer año: formular propuesta de cambios: qué se deroga, qué se cambia, qué se mantiene (justificando cada propuesta); base de datos de pueblos originarios culminada. Asimismo, implementar una Ventanilla Única en línea formulado, entre otros. Mientras que entre el primer y quinto año de gobierno, las acciones tendrán que ver con implementar la recomendación de la CDMS; fortalecer el OEFA para fiscalizar obligaciones ambientales y sociales, con el respectivo cambio tecnológico para modernizar la fiscalización, y la inclusión de personal capacitado en el monitoreo de compromisos sociales.

PROYECTO PERÚ DEBATE 2021
El proyecto Perú Debate 2021 tiene como propósito fortalecer la capacidad de los partidos políticos, elevar el nivel del debate electoral y aportar a las nuevas autoridades que resulten electas para el periodo 2021-2026.

Esta iniciativa es ejecutada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Asociación Civil Transparencia, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) e Idea Internacional.

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