Por el paro armado en Colombia, urge que autoridades protejan a estudiantes y que actores armados dejen por fuera de sus ataques a la niñez

Con indignación y alarma, las cuatro plataformas que suscriben este comunicado, se hace un llamado de urgencia al país para proteger a la niñez. La Defensoría del Pueblo ha informado que más de dos millones de estudiantes de Córdoba, Bolívar, Antioquia, Sucre, Chocó y Magdalena corren peligro por las acciones violentas que están ocurriendo en sus territorios, razón por la cual sus colegios han sido cerrados.

Por ejemplo, la Institución Educativa 24 de Mayo de Cereté, Córdoba, estuvo en riesgo por disparos, amenazas con armas e intimidación a estudiantes por parte de actores armados. Las autoridades respectivas deben tomar medidas inmediatas para proteger a niñas, niños y adolescentes de estos departamentos que están viendo afectados sus derechos a la integridad personal y a la educación.

Los actores armados, por su parte, deben dejar fuera del conflicto a la niñez, que es víctima permanente de sus ataques. Como lo señaló en 2020 la Coalición Mundial para Proteger la Educación de Ataques (GPCA), “a pesar de que el gobierno llegó a un acuerdo de paz con las FARC-EP en 2016, los ataques a escuelas, personal educativo y de educación superior se mantuvieron en un nivel similar al período de informe 2013-2017”.

Según esta coalición, durante 2020 y 2021 se registra un incremento con 35 casos, frente a 9 y 24 casos en 2019 y 2018, respectivamente. Este incremento también es señalado por Save the Children en su informe sobre la situación de ataques contra la educación durante el 2021, con 66 casos. Por su parte, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), señaló que en 2021 un total de 5.530 niñas, niños y adolescentes fueron afectados por ataques y ocupación de escuelas, hospitales y otros bienes civiles.

La prevalencia de los derechos de la niñez, consagrada en el Artículo 44 de la Constitución Nacional, es un mandato para todos y todas. Demandamos el cumplimiento de este deber y la garantía de los derechos de la niñez establecidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En ese sentido, recalcamos la importancia de que Colombia firme la

Declaración de Escuelas Seguras, que desde 2016 ha sido suscrita por 80 países para proteger a los estudiantes, profesores, escuelas y universidades de los peores efectos del conflicto armado.

Solo con escuelas seguras es posible garantizar a estudiantes, profesores y comunidades un entorno de aprendizaje preparado para emergencias, consecuencias psicosociales de la guerra y protección del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos armados, la violencia sexual y la trata de personas. Por eso no se comprende cómo una nación con un conflicto armado desde hace medio siglo, que afecta a instituciones educativas, estudiantes y maestros, no está en la lista de firmantes de la Declaración de Escuelas Seguras.

Llamamos la atención del Estado para que adopte medidas que protejan a las comunidades educativas de acciones que interrumpan el aprendizaje y siembren el miedo en niños y niñas. Una de esas medidas es la adopción de la Declaración de Escuelas Seguras que permite disuadir el uso militar de las escuelas por parte de todos los actores en conflicto, el cual infringe las normas internacionales vigentes.

Reclamamos al gobierno y a los grupos armados seguir las Resoluciones 1998 (2011) y 2143 (2014) del Consejo de Seguridad de la ONU, que instan a las partes en conflicto armado a abstenerse de toda medida que obstaculice el acceso de niñas y niños a la educación, como son los llamados paros armados y cualquier acción violenta que limite el acceso y suspenda el ya difícil regreso al colegio después de la pandemia.

Todos debemos rechazar cualquier tipo de violencia contra la niñez y exigir el respeto de la vida de niñas, niños y adolescentes. Debemos proteger los espacios y los entornos donde transcurre su vida y cumplir con el compromiso de hacer prevalecer sus derechos.

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