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Perú, entre los países más atrasados en estado de derecho

Lima.-. El desarrollo económico debe ir de la mano con el Estado de Estado. Sin embargo, Perú se encuentra en el tercio inferior a nivel global de acuerdo con el índice de Estado de derecho del Banco Mundial (BM) que mide, entre otras cosas, el control de corrupción, estabilidad política y calidad de la regulación.

Nuestro país se ubica también en el puesto 70, de un total de 126 países, según el índice de Estado de derecho del Proyecto Mundial de Justicia que considera, entre otras variables, los límites al poder gubernamental, transparencia, respeto a los derechos fundamentales y sistema penal.

En ese mismo registro, Perú obtiene su mayor puntuación en la categoría “límites a los poderes del Estado”, y la menor en “sistema de justicia penal”, en base a la presentación de Enterarse.com durante el tercer foro de colaboración público-privada “Estado de derecho y desarrollo económico” que organizó el Instituto Invertir y la Fundación Friedrich Naumann.

Al respecto, el magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, indicó que el Estado de derecho es muy importante para el desarrollo económico porque disminuye la incertidumbre propia del emprendimiento de las actividades económicas.

Sardón añadió que los incentivos para trabajar y producir dependen de cuán seguras y firmes son las normas que reconocen y protegen la propiedad, y no hay derechos de propiedad sin Estado de derecho. “No hay competencia sin Estado de Derecho”, sentenció.

A su vez, el abogado y profesor de Análisis Económico del Derecho, Alfredo Bullard, señaló que las reglas de juego atraen o no inversiones, y que existe una competencia institucional entre los países; mientras que el presidente de Invertir, Daniel Córdova, enfatizó la idea de que el marco institucional es determinante del crecimiento.

CONCLUSIONES
Este foro concluyó en que “no hay crecimiento sin Estado de derecho” y que la reforma del sistema judicial es una oportunidad para establecer un Estado de derecho que posibilite retomar tasas de crecimiento altas.

En cuanto a una reforma política, ésta debe apuntar a un equilibrio de poderes que prevenga la promulgación de leyes excluyentes o rentistas, al restablecimiento de la autoridad central, a la vigencia de los partidos políticos, así como considerar distritos uninominales para elegir congresistas a fin de mejorar las relaciones de representación, reintegrar la unidad política nacional y prevenir leyes extractivas.

Finalmente, no hay crecimiento sin una institucionalidad que asegure la libertad económica, por lo que los gremios empresariales deberían estudiar su aparente ilegitimidad para recuperar liderazgo, además de presionar y hacer seguimiento al programa de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) y Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), a fin de restablecer instituciones inclusivas y niveles aceptables de libertad económica eliminando normas rentistas.

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