Lima.- La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, presentó una propuesta legislativa que busca cobrar un impuesto adicional de 1% a los ciudadanos con un patrimonio mayor a 3.500 UIT, mientras que, a los que superen las 4.500 UIT, les corresponderá pagar el 2%. Asimismo, quienes tengan un patrimonio que excedalas 5.500 UIT deberán entregar el 2,8%. Cabe mencionar que el valor de una UIT es equivalente a S/ 4,600 nuevos soles.
Según el documento, la iniciativa parte de la necesidad del Estado de recaudar ingresos para acortar brechas sociales. Adicionalmente, se menciona que las personas que pagarían este impuesto deberán contar con una residencia continua en el país de 6 meses o de manera discontinua superior a 12 meses, ya sean peruanos o extranjeros.
Al respecto, Rodrigo Flores Benavides, socio del área tributaria de Hernández y Cía, señaló que la iniciativa no lograría su objetivo de aumentar la recaudación; por el contrario, solo incrementaría los niveles de litigiosidad.
“El proyecto recurre a la vieja fórmula de cobrar más impuestos a los más ricos que se encuentran en la formalidad. En suma, es un proyecto notoriamente populista y anti-técnico. Simplemente se afirma que se cobra este impuesto porque el Estado necesita más recursos para cerrar brechas sociales”, subrayó Flores Benavides.
Asimismo, el socio de Hernández y Cía. señaló que la fórmula propuesta en el proyecto de ley no garantizaría resultados positivos ni fomentaría la formalización de la economía. Por el contrario, generaría altos costos de aplicación.
Es importante mencionar que el proyecto busca que el impuesto también sea aplicable en las personas que tengan riquezas almacenadas en Perú, por lo que las autoridades evaluarían sus recursos, tales como bienes, inmuebles, entre otros. Sin embargo, el especialista precisó que en el documento no se detalla cómo se realizará la evaluación del valor del patrimonio.
Flores Benavides también advirtió que en el proyecto se utilizan conceptos ambiguos, como cuando se refieren a fortunas “ubicadas” en el Perú o a gravar al “poseedor” del patrimonio.
Cabe mencionar que el impuesto aplicaría a personas “domiciliadas”, pero que, al mismo tiempo, tengan “residencia” continua o discontinua en el país. Esto, a decir del abogado, generaría confusión, ya que crearía un nuevo concepto legal, que es “residencia”, el cual puede contradecirse con los existentes, como el concepto de “domicilio”.