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“Elevar la velocidad mínima garantizada de internet al 70% puede generar un estancamiento en la penetración de dicho servicio”

Lima, Perú.-. La Comisión Permanente del Congreso del Perú aprobó la semana pasada elevar la velocidad mínima garantizada de los servicios de internet que se contraten al 70%, respecto del actual 40%. Desde la experiencia y el conocimiento de buenas prácticas internacionales de la GSMA, organización de operadores móviles y compañías relacionadas, un parámetro tan rígido no es posible desde el punto de vista técnico, pues en los servicios de conectividad convergen diversos factores sobre los cuales no tienen control los operadores. Asimismo, al incrementar las exigencias legales para brindar internet, la medida podría generar un efecto opuesto al buscado, limitando el acceso a los servicios por parte de los peruanos, lo que sería aún más perjudicial en la situación de confinamiento actual.

La conectividad móvil es una cadena con múltiples eslabones, en la que proveedores externos contribuyen al servicio final que recibe el usuario: desde el suministro eléctrico, hasta los servidores que alojan los servicios en la nube distribuidos en todos los rincones del mundo y operados por diversas entidades. La calidad de las comunicaciones móviles se ve afectada también por cuestiones de entorno, como la demanda de tráfico por parte de los usuarios en diferentes horas del día; factores geográficos y edilicios que interponen obstáculos entre antenas y terminales; y fenómenos meteorológicos como la lluvia.

La exigencia legal de garantizar una velocidad mínima de internet al 70% representa una nueva barrera a la expansión de servicios móviles, que se añadiría a las ya existentes, como las trabas municipales para la instalación de infraestructura, y las dificultades geográficas y mayores costos de despliegue y operación en zonas remotas. Al no contemplar las características particulares de la tecnología que regula, la disposición corre el riesgo de limitar el acceso a los servicios, acotándolos a entornos determinados y profundizando las desigualdades entre zonas urbanas y rurales.

La vía del trámite legislativo expeditivo por el que cursa el proyecto no da lugar a la necesaria evaluación previa de viabilidad e impacto que una medida de este tipo requiere. Es fundamental que las autoridades consideren y consulten al sector involucrado, que tiene el know-how y el conocimiento técnico para evaluar la factibilidad de una medida de esta índole.

La GSMA valora la intención del gobierno de Perú de promover la calidad y la transparencia en los servicios móviles, y se pone a disposición para revisar la medida en consulta con la industria con el fin de encontrar los mejores mecanismos para expandir los beneficios de la conectividad.

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