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Autoridades buscan acciones para detener muertes en el cerro el Toro

Huamachuco.-. “Tus familiares pidieron trabajo aquí. Nadie los llamó. Y en este trabajo algunas veces la gente muere. Acepten los diez mil soles y no denuncien a nadie”, esas fueron las advertencias que recibieron los familiares de los cuatro mineros que  perdieron la vida al interior de un socavón ilegal en el cerro El Toro, Huamachuco, y que les hacen perder las esperanzas de hallar justicia.  

Diez mil soles y en otros casos veinte mil vale una vida en esta parte de la provincia de Sánchez Carrión. Una tarifa que manejan las mafias mineras para comprar el silencio y seguir operando  sin freno ante el desinterés y la indiferencia del Ministerio Público.

Al respecto, el  congresista liberteño, Miguel Vivanco Reyes,  envió un oficio a la presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de La Libertad  para que informe qué acciones se han tomado ante el evidente y descarado accionar de la minería ilegal que cobró la vida de los cuatro mineros al interior de la labor  Minerals Doña Julia de propiedad de Jorge Espejo Moreno.

En el documento, el parlamentario también expresa su desconfianza y preocupación con el desempeño del Ministerio Público, que hasta el momento, no han ejecutado ninguna acción a pesar  de la serie de delitos que vienen perpetrando las mafias mineras en la zona. 

“Los hechos fueron puestos a conocimiento del fiscal provincial de la Fiscalía Mixta de Sánchez Carrión, Ronal Urrutia Castillo, mediante dos denuncias presentadas por las esposas  de las víctimas, quienes, además, han manifestado públicamente que el propietario de la mina dispuso  desaparecer los cuerpos. Hechos que denotan gran gravedad y merecen una profunda  investigación por el Ministerio Público”, cuestionó.

Asimismo, la prefecta regional de La Libertad, Carolina Velasco Nalvarte,  ha emitido el oficio múltiple N.° 016 -2021 -DGIN-LAL, mediante el cual convocó a una reunión al gobernador regional, Manuel Llempén; al general PNP de La Libertad, Carlos Céspedes Muñoz;  a la Dra. Marena Mendoza Sánchez, Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, al Ing. Raúl Araya Nerya,  gerente regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de La Libertad, al representante del Ministerio de Energía y Minas y otras autoridades competentes para buscar acciones y  hacer frente a  esta problemática.  La cita está programada para hoy lunes 17 de mayo a las 5 p. m.

En tanto, la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de  La Libertad, cuyos funcionarios hicieron una inspección y pudieron comprobar que la empresa Minerals Doña Julia, de Jorge Espejo Moreno, sigue realizando actividades a pesar de tener procesos sancionadores vigentes. Es decir, si a este sujeto no le importan las vidas humanas, menos las leyes vigentes.

Mientras tanto, los familiares de los fallecidos por denunciar el hecho ante las autoridades son víctimas de amenazas en la puerta de sus casas. Según sindicaron, los que recibieron dinero por cada cadáver, a fin de evitar las diligencias de acuerdo a ley, han desaparecido de la zona.  Estas humildes familias acceden a cobrar el dinero, toda vez que sus familiares recibían 55 soles diarios por arriesgar su vida, sin equipos de seguridad y sin protocolos contra el covid -19.

¿Dónde están los fiscales?

A pesar de tratarse de una situación bastante preocupante la que se presenta en esta zona andina, la Fiscalía, siendo la institución encargada de perseguir el delito, no cumple con su trabajo, pese a  la serie de evidencias  de los hechos y con su pasividad se convierten en facilitadores de las mafias mineras.  

Según señalaron los deudos, resulta extraño el proceder del fiscal Ronald Urrutia Castillo.  Lamentaron que hasta el momento, Urrutia,  ha desplegado un esfuerzo mínimo para esclarecer e investigar el caso. Lo poco que ha hecho fue por la presión de los familiares y medios de prensa.  Y no es la primera vez que los fiscales de Huamachuco dilatan un proceso o no investigan. En noviembre del año pasado dos menores murieron por manipular cartuchos de dinamita que trafican los mineros ilegales. Jorge Fernández Urteaga, que figura como fiscal provincial dejó pasar el tiempo y  hasta ahora no hay ningún responsable.

Los pobladores exigen  tener fiscales proactivos en Huamachuco. Los que trabajan actualmente no orientan su total esfuerzo cuando se trata de minería ilegal. En Shiracmaca domina una banda de ilegales que manipula a los pobladores apelando a sus carencias económicas. Ya no solo es tráfico de armas, explosivos y explotación laboral. Nuevamente hubo muertes y se trata de silenciar el delito con dinero. 

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