Lima.- Con un escenario migratorio internacional complejo, el Perú ha experimentado un aumento significativo de migrantes, principalmente provenientes de Venezuela, en los últimos años. Se estima, que 1.7 millones de ciudadanos venezolanos residen actualmente en el país. Esta situación representa un desafío de integración que va más allá de las cifras, tocando aspectos profundos de cohesión social, derechos humanos y políticas públicas.
Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, al cierre del 2023, el número de personas extranjeras con estatus migratorio regular o próximo a obtenerlo se incrementó en más de 50%, en comparación con los datos de diciembre de 2022. Asimismo, la población de extranjeros que residen permanentemente en el Perú, al 2023, estaba compuesta principalmente por venezolanos (85.7%), seguidos por colombianos (3.8%) y ecuatorianos (1.2%), entre otros, según la Superintendencia Nacional de Migraciones.
“Perú enfrenta un desafío migratorio que va más allá de recibir extranjeros: requiere construir un marco de convivencia que supere sus propias divisiones internas. La integración de migrantes exige garantizar servicios básicos, trabajo digno y protección, lo cual se complica debido que Perú aún no ha logrado una integración completa entre sus propias regiones (costa, sierra y selva), como para conseguir la integración de población extranjera. Se necesita una estrategia política integral que equilibre las necesidades humanitarias con la capacidad económica y social del país”, afirma la abogada Antuanette Hurtado, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Norbert Wiener.
Los migrantes, además de gozar de derechos fundamentales, también tienen responsabilidades que deben contribuir a una convivencia armoniosa y respetuosa en el país receptor. En este contexto, y en torno al Día Internacional del Migrante (18 de diciembre), la vocera nos recuerda los derechos y deberes fundamentales de todo migrante:
- Derecho a la no discriminación. Todo migrante cuenta con protección constitucional y supranacional contra cualquier forma de discriminación. Esto significa que no pueden ser tratados de manera diferente o menos favorable por su origen, nacionalidad o condición migratoria. Las instituciones públicas y privadas están obligadas a garantizar un trato igualitario y respetuoso.
- Deber al respeto a las leyes y normas. Todo migrante debe cumplir estrictamente con el marco legal peruano, desde regulaciones migratorias hasta normas de convivencia ciudadana. Los migrantes deben respetar estrictamente las leyes peruanas, absteniéndose de cualquier actividad delictiva que pueda dañar la convivencia social y generar desconfianza hacia la comunidad migrante.
- Derecho a la regularización migratoria. Los migrantes pueden acceder a procesos que les permitan regularizar su situación legal en el país, facilitando su integración y acceso a derechos fundamentales.
- Deber a la contribución económica y social. Se espera que los migrantes se integren al sistema económico, pagando impuestos, contribuyendo a la seguridad social cuando corresponda y participando activamente en la economía formal, evitando la informalidad que puede generar tensiones sociales.
- Derecho a la no devolución. Para los migrantes con condición de refugiados, existe una garantía fundamental de no ser devuelto a su país de origen cuando su integridad o vida puedan estar en riesgo.
Para quienes requieran asesoría legal o información adicional, existen organizaciones que brindan apoyo como HIAS, PADF, ADRA PERÚ, Amnistía Internacional, entre otras. Además, algunas universidades ofrecen servicios de asesoría legal gratuita, como la clínica jurídica de la Universidad Norbert Wiener, en colaboración con la Municipalidad de Lince.